Santo Domingo. El presidente de la Federación Dominicana de Municipios (Fedomu),
Rafael Hidalgo, invitó a los honorables magistrados del Tribunal
Constitucional a un café. La idea es hablar de las sentencias que han
“recostado contra la pared” a los alcaldes y alcaldesas del país.
“Queremos bebernos un cafecito con el Tribunal Constitucional, con los
honorables magistrados. No nos queremos pelear con ellos, pero dos
sentencias que llevan (las 296-16 y la 339-14) van recostando contra la
pared a los municipios y los alcaldes y alcaldesas.
Queremos saber y
pedir a través de este medio que nos tomemos un café con el Tribunal
Constitucional”, dijo Hidalgo al participar del Almuerzo Semanal de
Multimedios del Caribe.
Esa invitación vino sujeta, en sus palabras, al temor de que la próxima sentencia del alto tribunal “será eliminar las atribuciones de la Ley 176-07 (del Distrito Nacional y los Municipios) que confiere a los municipios”.
A inicios de este mes, el Tribunal Constitucional con la sentencia 296-16 confirmó la facultad de los Concejos de Regidores de aprobar los permisos de uso de suelo en los municipios, quitándoles así la costumbre a los alcaldes de decidir sobre este asunto, a través de sus direcciones de Planeamiento Urbano.
La otra sentencia a la que se refiere Hidalgo es la 339-14 del 22 de diciembre del 2014 que anula el cobro de los ayuntamientos a los registros de actos civiles, judiciales y extrajudiciales. Con esta sentencia, que entrará en vigor el 1 de enero, el Constitucional modificó varios artículos de la Ley 2334 sobre Registro de Actos Civiles, Judiciales y Extrajudiciales para que ahora esos actos estén sujetos a una monto fijo (antes era proporcional) que solo cobrará el ayuntamiento cuando haya una sentencia irrevocable.
Los grandes ayuntamientos, como Santo Domingo Este o Santiago, tenían ingresos de unos RD$100 millones al año, por este cobro y los medianos entre RD$6 y RD$20 millones.
Desde Fedomu no quieren que con el fallo 296-16 que normaliza el uso de suelo, los permisos se carguen de procesos burocráticos que terminen por retrasar cualquier proyecto en los municipios.
El secretario general de Fedomu, Anyolino Germosén, reconoce la facultad de la Sala Capitular de regular la normativa y planes de uso de suelo. “Nosotros somos partidarios de que sea sí, porque así hay un rol definido. Ahora bien, que se interprete bien que lo que ha dicho la sentencia es que la Sala Capitular tiene el rol de normar, no de ejecutar ni dar un permiso directo”, subraya Germosén, quien también es alcalde de Tamboril.
Para él, es un asunto interpretativo y es insistente en que el fallo no dice que regidores pueden dar permisos, porque ese es un órgano regulador.
“En realidad el alcalde, conjuntamente con Planeamiento Urbano, sí hace un planteamiento y lo lleva a la Sala Capitular”.
La entrevista fue dirigida por el director de este medio, Osvaldo Santana, además del subdirector, Héctor Linares, el jefe de apertura, Héctor Marte, y Sandra Guzmán, editora de la versión digital.
Más recursos, más calidad en servicios
Fedomu tiene varias propuestas para que las alcaldías cuenten con más recursos económicos. Desde este gremio, que agrupa los 158 municipios del país, se sobreentiende que mientras cuenten con más dinero, mayor calidad tendrán los servicios que pueden ofrecer, como la recogida de basura y el mantenimiento de cementerios y parques. La más interesante de las iniciativas para aumentar los recursos apunta a que al ciudadano se le cobre el servicio de recogida de basura, unos RD$200 como media, a través de la factura eléctrica, explica Rafael Hidalgo, que también es alcalde azuano.
Dice que para eso se creó una comisión que ya ha tenido tres reuniones con el vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Rubén Bichara. Hidalgo asegura que con fusionar la electricidad con la base de datos de Edesur, los ayuntamientos estarían recibiendo RD$1,200 millones adicionales.
“Si le agregas Edeeste y Edenorte estaríamos hablando de RD$2,000 o RD$2,500 millones”, garantiza. La recogida de la basura, el destino de esos desechos, el mantenimiento de cementerios, parques y los mataderos son los mayores retos, en orden prioritario, que enfrenta un alcalde.
El alcalde, la figura más cercana al ciudadano
Esa invitación vino sujeta, en sus palabras, al temor de que la próxima sentencia del alto tribunal “será eliminar las atribuciones de la Ley 176-07 (del Distrito Nacional y los Municipios) que confiere a los municipios”.
A inicios de este mes, el Tribunal Constitucional con la sentencia 296-16 confirmó la facultad de los Concejos de Regidores de aprobar los permisos de uso de suelo en los municipios, quitándoles así la costumbre a los alcaldes de decidir sobre este asunto, a través de sus direcciones de Planeamiento Urbano.
La otra sentencia a la que se refiere Hidalgo es la 339-14 del 22 de diciembre del 2014 que anula el cobro de los ayuntamientos a los registros de actos civiles, judiciales y extrajudiciales. Con esta sentencia, que entrará en vigor el 1 de enero, el Constitucional modificó varios artículos de la Ley 2334 sobre Registro de Actos Civiles, Judiciales y Extrajudiciales para que ahora esos actos estén sujetos a una monto fijo (antes era proporcional) que solo cobrará el ayuntamiento cuando haya una sentencia irrevocable.
Los grandes ayuntamientos, como Santo Domingo Este o Santiago, tenían ingresos de unos RD$100 millones al año, por este cobro y los medianos entre RD$6 y RD$20 millones.
Desde Fedomu no quieren que con el fallo 296-16 que normaliza el uso de suelo, los permisos se carguen de procesos burocráticos que terminen por retrasar cualquier proyecto en los municipios.
El secretario general de Fedomu, Anyolino Germosén, reconoce la facultad de la Sala Capitular de regular la normativa y planes de uso de suelo. “Nosotros somos partidarios de que sea sí, porque así hay un rol definido. Ahora bien, que se interprete bien que lo que ha dicho la sentencia es que la Sala Capitular tiene el rol de normar, no de ejecutar ni dar un permiso directo”, subraya Germosén, quien también es alcalde de Tamboril.
Para él, es un asunto interpretativo y es insistente en que el fallo no dice que regidores pueden dar permisos, porque ese es un órgano regulador.
“En realidad el alcalde, conjuntamente con Planeamiento Urbano, sí hace un planteamiento y lo lleva a la Sala Capitular”.
La entrevista fue dirigida por el director de este medio, Osvaldo Santana, además del subdirector, Héctor Linares, el jefe de apertura, Héctor Marte, y Sandra Guzmán, editora de la versión digital.
Más recursos, más calidad en servicios
Fedomu tiene varias propuestas para que las alcaldías cuenten con más recursos económicos. Desde este gremio, que agrupa los 158 municipios del país, se sobreentiende que mientras cuenten con más dinero, mayor calidad tendrán los servicios que pueden ofrecer, como la recogida de basura y el mantenimiento de cementerios y parques. La más interesante de las iniciativas para aumentar los recursos apunta a que al ciudadano se le cobre el servicio de recogida de basura, unos RD$200 como media, a través de la factura eléctrica, explica Rafael Hidalgo, que también es alcalde azuano.
Dice que para eso se creó una comisión que ya ha tenido tres reuniones con el vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Rubén Bichara. Hidalgo asegura que con fusionar la electricidad con la base de datos de Edesur, los ayuntamientos estarían recibiendo RD$1,200 millones adicionales.
“Si le agregas Edeeste y Edenorte estaríamos hablando de RD$2,000 o RD$2,500 millones”, garantiza. La recogida de la basura, el destino de esos desechos, el mantenimiento de cementerios, parques y los mataderos son los mayores retos, en orden prioritario, que enfrenta un alcalde.
El alcalde, la figura más cercana al ciudadano
“Somos la instancia más cercana al ciudadano. En lo que llega la
acción del Gobierno, es el alcalde quien resuelve. Mira por ejemplo lo
que sucedió antier en la noche, que me llamó llorando el alcalde de
Villa Isabela (Puerto Plata, donde murieron cinco por riada) por las
inundaciones. Ese alcalde no encontraba qué hacer”, cuenta Hidalgo.
Tomaba esa anécdota para argumentar que quien dirige un ayuntamiento
termina inmiscuyéndose en las preocupaciones más simple (y a veces
personales) del munícipe. Hidalgo en su visita a elCaribe estuvo
acompañado de los alcaldes de Tamboril, Anyolino Germosén, secretario
general de Fedomu; de La Romana, José Reyes, miembro del consejo
directivo; de La Vega, Kelvin Cruz, presidente de la regional Cibao Sur
del gremio; y de Altagracia Tavárez, directora ejecutiva de la
Federación. Entre los cuatro alcaldes recordaron cómo la gente se les
acerca y les pide asuntos como una pinta de sangre, que ellos no se
atreven a negar, no vaya y se muera el enfermo.
Quiere aumentar los fondos a los servicios
Hidalgo es partidario de que la Ley 179-07 del Distrito Nacional y los Municipios sea modificada a fin de que los ayuntamientos del país puedan superar el 31% de sus fondos para el mantenimiento de servicios municipales. “Los estudios (del PNUD y la Cámara de Cuentas) dicen que prácticamente los ayuntamientos están usando entre un 50 a 57% o eso necesitarían del presupuesto que reciben para dar la calidad del servicio que requerimos. Sin embargo, apenas podemos usar un 31% de estos recursos para estos servicios… Estamos reclamando una modificación de por lo menos de que el servicio tenga el 40% o un poco más en la distribución del gasto”, reclama. También pide que se cumpla con otorgar la partida que le corresponde al poder municipal de los ingresos del Estado. “Si bien no pueden darnos el 10% (es el mandato) que nos den un seis, un siete, pero que se cumpla. No nos pueden obligar a cumplir los porcentajes de la inversión que debemos hacer cuando se nos viola la disposición que ordena un 10% para los ayuntamientos”, se queja el presidente del gremio.
Hidalgo es partidario de que la Ley 179-07 del Distrito Nacional y los Municipios sea modificada a fin de que los ayuntamientos del país puedan superar el 31% de sus fondos para el mantenimiento de servicios municipales. “Los estudios (del PNUD y la Cámara de Cuentas) dicen que prácticamente los ayuntamientos están usando entre un 50 a 57% o eso necesitarían del presupuesto que reciben para dar la calidad del servicio que requerimos. Sin embargo, apenas podemos usar un 31% de estos recursos para estos servicios… Estamos reclamando una modificación de por lo menos de que el servicio tenga el 40% o un poco más en la distribución del gasto”, reclama. También pide que se cumpla con otorgar la partida que le corresponde al poder municipal de los ingresos del Estado. “Si bien no pueden darnos el 10% (es el mandato) que nos den un seis, un siete, pero que se cumpla. No nos pueden obligar a cumplir los porcentajes de la inversión que debemos hacer cuando se nos viola la disposición que ordena un 10% para los ayuntamientos”, se queja el presidente del gremio.
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